 |
Tras ganar las elecciones, el Partido Popular prometió emprender la reforma de RTVE para dotarla de un nuevo modelo y asegurar su independencia editorial y financiera.
Sin embargo, durante su mandato con mayoría absoluta se produjeron los episodios más graves de manipulación en el tratamiento informativo de acontecimientos como la huelga general del 20 de junio del año 2002 —cuya cobertura provocaría, meses más tarde, la primera condena contra TVE por vulneración de derechos fundamentales—, la crisis del petrolero Prestige, las noticias relacionadas con la guerra de Irak o la información sobre los atentados del 11 de marzo de 2004.
Entre los años 2002 y 2004 la manipulación informativa de la televisión pública de ámbito estatal se convirtió en fenómeno social, incorporándose al debate de la opinión pública española.
Durante casi treinta años la falta de pluralismo e independencia de la radiotelevisión pública fue uno de los principales déficits de la democracia española.
No hay que buscar en la ausencia de principios las raíces de este sistemático incumplimiento. Las causas son más profundas y tienen que ver con la falta de convicción política en los fines que deben inspirar a los medios públicos de titularidad estatal; con la negativa de los sucesivos gobiernos a renunciar a su tutela; con la ausencia de mecanismos externos de regulación y control eficaces, y con la inexistencia de un compromiso firme entre las fuerzas sociales y políticas para permitir que la actividad de los medios públicos se lleve a cabo con criterios exclusivamente profesionales.
El Estatuto de la radio y de la televisión, sustituido en junio de 2006 por la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, posibilitó la democratización de unos medios de comunicación del Estado que crecieron con la dictadura. Pero la politización de las estructuras de gobierno de RTVE convirtió en papel mojado los fines que la ley decía querer alcanzar. El Estatuto preveía la constitución de una Comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados para fiscalizar directamente los contenidos de la radio y de la televisión públicas. Pero esta comisión, controlada por la mayoría gobernante, tuvo que conformarse con dar fe pública, a lo largo de casi un cuarto de siglo, de los innumerables incumplimientos que se han producido en materia de neutralidad informativa. Nada más pudo hacer.
Tampoco han podido trabajar con independencia del Gobierno que les nombró, los directores generales que ha tenido RTVE. La situación debería haber cambiado con la aplicación del Estatuto de 1980, pero tras una fugaz transición, Fernando Castedo, el primer director general de RTVE elegido según la nueva ley, fue obligado a dimitir y a partir de ese momento se cronificó la percepción de dependencia de la radiotelevisión pública con respecto al poder político. Esta situación iba a prolongarse con los dos directores generales que nombró UCD y, a partir de 1982, con los cuatro máximos responsables que pusieron al frente de RTVE los diferentes gobiernos socialistas y con los cinco directores generales nombrados por los gobiernos del Partido Popular. En 1996, cuando se produjo la alternancia en el poder, el Estatuto de la radio y de la televisión llevaba dieciséis años en vigor, catorce con gobiernos del PSOE, a los que se acusó de ejercer un alto grado de influencia política. Tras ganar las elecciones, el Partido Popular prometió emprender la reforma de RTVE para dotarla de un nuevo modelo y asegurar su independencia editorial y financiera.
Sin embargo, durante las dos legislaturas de su mandato (1996-2004), no sólo no disminuyó sino que se incrementó el control político sobre la radio y la televisión públicas. Fue durante la VII legislatura, coincidiendo con la mayoría absoluta del Partido Popular, cuando se produjeron los episodios más graves de manipulación en el tratamiento informativo de acontecimientos como la huelga general del 20 de junio del año 2002 —cuya cobertura provocaría, meses más tarde, la primera condena contra TVE por vulneración de derechos fundamentales—, la crisis del petrolero Prestige, las noticias relacionadas con la guerra de Irak o la información sobre los atentados del 11 de marzo de 2004.
Entre los años 2002 y 2004 la manipulación informativa de la televisión pública de ámbito estatal se convirtió en fenómeno social, incorporándose al debate de la opinión pública española. Tras la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a acometer la reforma de la radiotelevisión pública y a renunciar a cualquier intento de control político.
Esta investigación parte de la premisa de que los medios audiovisuales públicos no pueden entenderse sin pluralismo, libertad de expresión y neutralidad informativa. Éste es el nuevo desafío de RTVE: consolidarse como un medio al servicio de los ciudadanos en el que por ley y por convicción, su independencia esté garantizada.
|
